Resumen: La cuestión debatida consiste en determinar si la competencia para conocer de la demanda rectora de las actuaciones corresponde a la sala de lo social de la Audiencia Nacional o a los Juzgados de lo Social de Vigo. Se recurre en casación común el auto de la sala de la AN que confirma el recurrido en reposición que apreció su falta de competencia funcional, declarando competentes a los Juzgados de Vigo. La sala IV estima el recurso formulado por el sindicato actor, declarando competente a la AN para conocer del litigio. Se concluye que el ámbito del conflicto excede del término de la población de Vigo, pues en la demanda no se pretende sólo denunciar la utilización de la sigla CNT, así como del local y la página web por la CNT, que fue desferedada por el Pleno Regional de Sindicatos de Galicia de la CNT, expulsada del sindicato citado, pues la denuncia principal de la demanda se refiere a que la federación de Vigo ha promovido, junto con otras federaciones, una confederación de ámbito estatal denominada CNT AIT, competidora directa del sindicato actor, por lo que el ámbito del conflicto no se limita a Vigo, sino que tiene dimensión estatal.
Resumen: El trabajador reclamó el sexenio siéndole denegado por entenderse que no se encuentra dentro de la aplicación de la Ley canaria de educación. Reclamó derecho y cantidad por ser profesor de música en concepto de sexenios por importe de 1518,96€ por el periodo de enero/18 a septiembre19. El JS estimó la demanda, declaró la firmeza de la Sentencia al estimar que no cabía recurso y el TSJ, apreció afectación general por el potencial efecto de la cuestión planteada y confirmó la sentencia de instancia. En cud recurre la Consejería de E¡ducación cuestionándose si el complemento corresponde a la totalidad del personal docente no universitario o sólo al personal funcionario, la Sala concede a las partes formular alegaciones sobre la posible falta de competencia funcional (inadmite los documentos nuevos de la actora-recurrida, art. 233 LRJS). Sin entrar en el examen de la contradicción analiza de oficio la competencia funcional por ser cuestión de orden público procesal, declara de oficio la falta de competencia funcional, apreció irrecurribilidad de la sentencia de instancia por falta de cuantía (reclama cantidad que no alcanza los 3.000€). También es irrecurrible por falta de afectación general no siendo ni notaria, ni fue alegada ni probada en juicio debiendo traducirse en litigiosidad relevante y actual del problema debatido, no se refiere a proyección general ni se aprecia existencia de conflicto generalizado. Por lo cual declara la nulidad de la STSJ y la firmeza SJS.
Resumen: Se recurre la sentencia que revocó la de instancia para dejar sin efecto la extinción de la prestación decidida por el SPEE, confirmando el ajuste a derecho de la declaración de indebida de la percepción de prestaciones por desempleo en una cuantía de 1.104,64 € correspondientes al período indicado, cuantía que el demandante deberá reintegrar. La Sala IV analiza la posible incompetencia de jurisdicción, con independencia del analisis de la contradicción.En la demanda se impugna una resolución sancionadora de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo. Respecto de la recurribilidad de las sentencias que resuelven tales impugnaciones, hay que estar a lo dispuesto en el art 192.4 LRJS.Por tanto, si lo que se impugna, como ocurre en este caso son actos administrativos en materia laboral o de Seguridad Social se atiende, a los efectos del recurso, al contenido económico de la prestación o del acto objeto del proceso, en su caso, en cómputo anual; al valor económico de lo reclamado o a la diferencia con lo reconocido en vía administrativa, cuando lo que se pretende es el reconocimiento de un derecho o de una situación jurídica individualizada; y al contenido económico del acto cuya anulación se pretende, incluidos los actos de carácter sancionador, como el que nos ocupa. Y siendo que el importe económico del acto cuya revocación se pretendió en la demanda no llega a 3.000 €, resulta que la sentencia del Juzgado de lo Social no era susceptible de recurso de suplicación.
Resumen: El demandante administrador mancomunado de la empresa impugna su cese por la Junta General de Socios al considerar que es un despido. El demandante había venido prestando sus servicio para la empresa con una relación laboral común hasta que fue nombrado administrador mancomunado. Por el Juzgado de lo Social se dictó sentencia apreciando la excepción de incompetencia de jurisdicción al entender que no existía relación laboral . Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por el demandante que es estimado. Por la Sala se hace un amplia referencia a la jurisprudencia recordando que sólo en los casos de relaciones de trabajo en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral. Entiende la Sala que la relación laboral común que en su día tenía el actor con la empresa se mantiene , y el actor siguió haciendo siempre las mismas funciones , por lo tanto existe relación laboral siendo competente la Jurisdicción Social para conocer de la reclamación del actor, estimando la Sala el recurso y declara despido improcedente el cese del actor.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en el derecho a percibir los intereses del art 29.3. ET, por el periodo que discurre desde julio de 2010 hasta diciembre de 2016, en relación con la proyección temporal de la STC 164/16, de 3 de octubre que declara la inconstitucionalidad de la Ley Autonómica de la CAM que impuso restricciones en el sector público. La Sala IV, analiza el recurso centrado en la aplicación objetiva del interés de demora, reiterando que a efectos del artículo 29.3 ET, aunque el interés por mora surja de manera objetiva y automática, cuando la empresa se ha limitado a cumplir con los mandatos de una Ley, su ulterior declaración de inconstitucionalidad no comporta que el abono retroactivo de los salarios afectados lleve aparejado tal incremento. No ha habido demora en el pago del salario (presupuesto para que opere la regla del artículo 29.3 ET) sino a partir del momento en que se publica la STC. Se valora que concurre una acusada complejidad, hasta el extremo de que el Tribunal de instancia desestimó la demanda y el TS planteo una cuestión de constitucionalidad; una serie de errores procesales han propiciado dilaciones no imputables a la empresa y la empresa pertenece al sector público y está especialmente sujeta a los mandatos de la ley, sin que se le pudiera exigir un comportamiento diverso del que siguió y ni en la demanda de conflicto colectivo ni en el recurso de casación se interesó el abono del interés por mora.
Resumen: Defectos formales de la convocatoria. Se rechaza, se realizó un esfuerzo de publicidad para que los afectados conocieran que no podían viajar y es público y notorio el conocimiento al publicarse la noticia el 16-12-22. Ilícita por ser una huelga de solidaridad al convocarse simultáneamente en otras empresas. Se rechaza, lo serían todas las que se dirigiesen a mejorar las condiciones de trabajo de un determinado sector productivo, confluyendo empleados de múltiples empresas y no es relevante que alguna reivindicación no se ajustara a la labor de un auxiliar de seguridad, pues confluyen varias empresas sobre un mismo objeto, los filtros de seguridad y la empresa reconoce la conexión, indicando que alguna cuestión que se pondrá en conocimiento con la patronal de las Empresas de Seguridad y el que la oferta efectuada el 29-12-22 por los trabajadores alterara las peticiones iniciales tiene como fin obtener un acuerdo -en el proceso negociador hay ofertas y contraofertas-. Carácter abusivo. Es la empresa la que debe acreditar que la intención es ocasionar un daño desproporcionado, porque el RD Ley 17/77 no la describe como ilícita o abusiva -rotatoria, en sector estratégico o de celo- y con unos servicios mínimos del 90 %, no se puede dañar a la empresa, aunque sea en vacaciones con gran tráfico aéreo. Rechazo de la oposición a la medida cautelar que acordó el JS. No es recurrible, pese a acumularse al conflicto colectivo, decisión firme -no se recurrió-.
Resumen: Recurren las empresas su condena por vulneración de DFF (intimidad), planteando tres excepciones (inadecuación de procedimiento, falta de acción al haberse extinguido la relación y litispendencia; vinculada a la decisión que se adopte sobre el despido) que la Sala rechaza por tratarse por cuestiones novedosamente alegadas en trámite de recurso. Sin perjuicio de desestimar la inadecuación procedimental asociada a que la pretensión deducida hubiera de encauzarse por el trámite del incidente de readmisión irregular de aquel despido. Desde la condicionante dimensión que ofrece su irevisado relato fáctico (que, entre otros particulares, alude tanto a la disposición en favor del trabajador de herramientas para uso estrictamente profesional como a la información que se le suministró de que las instalaciones del centro estaban protegidas por un sistema de videovigilancia -comunicación frente a la que aquél hizo constar su disconformidad-; junto al Procedimiento de Protección de Datos incorporado a su Portal) y en aplicación al caso de una consolidada doctrina constitucional sobre la materia no considera el Tribunal que aquella instalación se ofrezca como plenamente respetuosa con la intimidad de los trabajadores pues no se acredita que la situación (fija) en que se dispusieron no pudiera variarse con un simple accionamiento, tanto de hardware como de software; invadiendo así esferas de privacidad.
Resumen: La Sala confirma desestima el recurso interpuesto contra la sentencia de instancia, tras rechazar la revisión de los hechos probados por irrelevantes, razonando que la Sala Cuarta entiende, con carácter general, que una duración en la contratación temporal superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comporta que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido o fijo, sin que el cómputo de este plazo pueda interrumpirse por normas presupuestarias sobre paralización de ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica incremento presupuestario. En el supuesto traído a enjuiciamiento, y teniendo en consideración las particularidades que concurren en el mismo, esta Sala no puede apreciar la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por la parte recurrente al apreciar una grave irregularidad formal en el contrato administrativo objeto de controversia en cuanto no se ajustó a las exigencias del artículo 88.b) del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones públicas de Navarra lo que determina la conversión de la relación en laboral indefinida no fija y ello no obstante no compartir el criterio de instancia en relación con la duración inusualmente larga de la relación ya que la plaza vacante fue incluido en la OPE de 2020, se incluyó en la convocatoria para su provisión, siendo cubierta en el año 2022.
Resumen: La Sala estima el recurso y revoca la sentencia del juzgado que declaró improcedente el despido, razonando que En el caso enjuiciado, el proceso de selección para la cobertura de plaza ocupada se inició en un plazo que no podemos calificar de inusualmente largo, y se hizo de conformidad a lo previsto en el Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de Trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra (en donde se establece que los puestos de trabajo vacantes se proveerán mediante concurso de traslados) y, por ello, no puede afirmarse que el contrato administrativo, formalmente válido, encubra en realidad una relación laboral. En definitiva, en el caso enjuiciado, no es posible apreciar fraude en la contratación y por ello deben ser los órganos judiciales del orden contencioso administrativo los encargados de dar respuesta a la cuestión planteada, es decir, son esos órganos los que deben analizar las consecuencias derivadas del cese de la demandante.
Resumen: La Sala revoca la sentencia del Juzgado y declara la competencia del orden contencioso administrativo, tras admitir la revisión de los hechos probados, porque el documento refrenda que en el contrato administrativo cuestionado concurren los presupuestos habilitantes necesarios para considerar su validez, razonando que En el caso enjuiciado, el proceso para la cobertura de plaza ocupada por la demandante se inició en menos de dos años tras su contratación, y la convocatoria para su provisión se hizo de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por lo que no puede afirmarse que el contrato administrativo, formalmente válido, encubra en realidad una relación laboral. El hecho de que inicialmente la plaza quedara desierta (tras el acoplamiento interno) no puede achacarse a la Administración que, tras esa circunstancia, volvió a aprobar otra convocatoria de oferta parcial de empleo a escasos meses de la anterior, y seguidamente otro proceso de acoplamiento y nueva convocatoria para la cobertura de la plaza, en donde ésta fue definitivamente adjudicada. En definitiva, en el caso enjuiciado, no es posible apreciar fraude en la contratación y por ello deben ser los órganos judiciales del orden contencioso administrativo los encargados de dar respuesta a la cuestión planteada, es decir, son esos órganos los que deben analizar las consecuencias derivadas del cese de la demandante.
